Son varios los Medios de Comunicación que hoy, en España, se pronuncian en similar argumentario sobre este controvertido y más que polémico ...
Son varios los Medios de Comunicación que hoy, en España, se pronuncian
en similar argumentario sobre este controvertido y más
que polémico asunto. A modo de ejemplo :
EDITORIAL HOY EN LAS EDICIONES
DIVERSAS DE "LA VOZ DE GALICIA"
......................................................
Ataque al Estado
de Derecho
LA VOZ
en similar argumentario sobre este controvertido y más
que polémico asunto. A modo de ejemplo :
EDITORIAL HOY EN LAS EDICIONES
DIVERSAS DE "LA VOZ DE GALICIA"
......................................................
Ataque al Estado
de Derecho
LA VOZ
EDITORIAL
08 mar 2024 .
La aprobación por la comisión de justicia del Congreso de la toma en consideración del proyecto de amnistía supone el primer paso para hacer efectiva la ley y, al mismo tiempo, el mayor riesgo de quiebra del Estado de derecho. La norma, cuya constitucionalidad es dudosa, se hace exclusivamente para favorecer a quienes se opusieron a la propia idea de España y a quienes necesitan unos cuantos votos para sostenerse en el poder. No es una necesidad de la sociedad española, no respeta el principio de igualdad ante la ley y no supera ni pone fin a la rebelión independentista.
El Gobierno, que ha negociado con absoluto secretismo los términos y los beneficiarios, sostiene que la razón de promoverla obedece al elevado objetivo de alcanzar la reconciliación y volver a integrar sin rencor a la parte de la sociedad catalana que promueve la independencia. Pero ese argumento, aunque plausible, no se sostiene, porque no hay ni un solo hecho que lo avale.
Quienes promovieron y organizaron el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 en Cataluña no están arrepentidos. Quienes malversaron dinero público para una finalidad inconstitucional, y después fueron indultados, tampoco se desdicen. Quienes proclamaron la declaración unilateral de independencia, que duró cuarenta y cuatro segundos, no solo no rectifican, sino que proclaman que volverán a hacerlo porque sigue siendo su ideal. Y quienes constituyeron Tsunami Democràtic a raíz de la condena a los dirigentes procesados, e inundaron Cataluña de actos violentos como los acontecidos en el aeropuerto de Barcelona, tampoco han lamentado ni pagado los daños causados.
La razón, por tanto, no está en la firma de la paz ni en la superación del secesionismo. La medida de gracia que está en marcha no es otra cosa que una táctica política, porque, dada la configuración del Congreso, los siete votos del grupo de Puigdemont y los siete del de Junqueras son imprescindibles para conformar la ajustada mayoría que sostiene al Gobierno. Se verá enseguida, puesto que, si la ley sale adelante, el siguiente paso consistirá en agradecer la amnistía con un justo pago: la aprobación de los Presupuestos del Estado. Y una vez conseguidos, el Ejecutivo tendrá prácticamente despejada la legislatura.
Tal escenario, que no parece corresponder a la alta política, sino a la más interesada, es, junto con la corrupción que estos días aflora de nuevo, la causa de la desafección de gran parte de la sociedad española. Porque la obligación de respetar la ley tiene que ser igual para todos.
Lo reconoce la Comisión de Venecia en el borrador de dictamen que se ha filtrado. El órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional señala que la amnistía ha generado en España grandes discusiones públicas, y, sobre todo, que no se debe hacer una norma para beneficiar a individuos específicos. No se opone a la posibilidad del perdón por parte del Estado, puesto que en otros casos ha sido una medida beneficiosa, pero alerta de no pocas lagunas en lo que se conoce del proyecto español. La norma no puede estar hecha a medida, no debe tramitarse por la vía de urgencia y requiere una mayoría cualificada (más que la mayoría absoluta) para aprobarla. Pero nada de eso se cumple.
Y por si fuera poco, se hace en medio de procesos judiciales con acusaciones muy graves, como son las de terrorismo. El propio Gobierno reconoce que no se pueden amnistiar delitos de esta clase, y asegura que no se incluyen en el proyecto, pero el Tribunal Supremo acaba de dictar un auto para abrir proceso por terrorismo a responsables de Tsunami Democràtic y al propio Puigdemont, al que apunta como líder absoluto del movimiento. En otro giro esperpéntico e inexplicable, ahora se busca la salida tratando de redefinir qué ataques públicos son terrorismo y cuáles no. Lo dice el diccionario: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Por tanto, el proyecto que hoy arranca no es una ley generosa, sino cautiva; no resuelve un problema, sino que lo aumenta; no pone la legalidad al servicio de todos, sino de unos pocos; y no da altura nacional e internacional a España, sino que la empequeñece. Para un Estado de derecho, esto es un fracaso. Y nuestra democracia exige más.
08 mar 2024 .
La aprobación por la comisión de justicia del Congreso de la toma en consideración del proyecto de amnistía supone el primer paso para hacer efectiva la ley y, al mismo tiempo, el mayor riesgo de quiebra del Estado de derecho. La norma, cuya constitucionalidad es dudosa, se hace exclusivamente para favorecer a quienes se opusieron a la propia idea de España y a quienes necesitan unos cuantos votos para sostenerse en el poder. No es una necesidad de la sociedad española, no respeta el principio de igualdad ante la ley y no supera ni pone fin a la rebelión independentista.
El Gobierno, que ha negociado con absoluto secretismo los términos y los beneficiarios, sostiene que la razón de promoverla obedece al elevado objetivo de alcanzar la reconciliación y volver a integrar sin rencor a la parte de la sociedad catalana que promueve la independencia. Pero ese argumento, aunque plausible, no se sostiene, porque no hay ni un solo hecho que lo avale.
Quienes promovieron y organizaron el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 en Cataluña no están arrepentidos. Quienes malversaron dinero público para una finalidad inconstitucional, y después fueron indultados, tampoco se desdicen. Quienes proclamaron la declaración unilateral de independencia, que duró cuarenta y cuatro segundos, no solo no rectifican, sino que proclaman que volverán a hacerlo porque sigue siendo su ideal. Y quienes constituyeron Tsunami Democràtic a raíz de la condena a los dirigentes procesados, e inundaron Cataluña de actos violentos como los acontecidos en el aeropuerto de Barcelona, tampoco han lamentado ni pagado los daños causados.
La razón, por tanto, no está en la firma de la paz ni en la superación del secesionismo. La medida de gracia que está en marcha no es otra cosa que una táctica política, porque, dada la configuración del Congreso, los siete votos del grupo de Puigdemont y los siete del de Junqueras son imprescindibles para conformar la ajustada mayoría que sostiene al Gobierno. Se verá enseguida, puesto que, si la ley sale adelante, el siguiente paso consistirá en agradecer la amnistía con un justo pago: la aprobación de los Presupuestos del Estado. Y una vez conseguidos, el Ejecutivo tendrá prácticamente despejada la legislatura.
Tal escenario, que no parece corresponder a la alta política, sino a la más interesada, es, junto con la corrupción que estos días aflora de nuevo, la causa de la desafección de gran parte de la sociedad española. Porque la obligación de respetar la ley tiene que ser igual para todos.
Lo reconoce la Comisión de Venecia en el borrador de dictamen que se ha filtrado. El órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional señala que la amnistía ha generado en España grandes discusiones públicas, y, sobre todo, que no se debe hacer una norma para beneficiar a individuos específicos. No se opone a la posibilidad del perdón por parte del Estado, puesto que en otros casos ha sido una medida beneficiosa, pero alerta de no pocas lagunas en lo que se conoce del proyecto español. La norma no puede estar hecha a medida, no debe tramitarse por la vía de urgencia y requiere una mayoría cualificada (más que la mayoría absoluta) para aprobarla. Pero nada de eso se cumple.
Y por si fuera poco, se hace en medio de procesos judiciales con acusaciones muy graves, como son las de terrorismo. El propio Gobierno reconoce que no se pueden amnistiar delitos de esta clase, y asegura que no se incluyen en el proyecto, pero el Tribunal Supremo acaba de dictar un auto para abrir proceso por terrorismo a responsables de Tsunami Democràtic y al propio Puigdemont, al que apunta como líder absoluto del movimiento. En otro giro esperpéntico e inexplicable, ahora se busca la salida tratando de redefinir qué ataques públicos son terrorismo y cuáles no. Lo dice el diccionario: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Por tanto, el proyecto que hoy arranca no es una ley generosa, sino cautiva; no resuelve un problema, sino que lo aumenta; no pone la legalidad al servicio de todos, sino de unos pocos; y no da altura nacional e internacional a España, sino que la empequeñece. Para un Estado de derecho, esto es un fracaso. Y nuestra democracia exige más.
